Álvaro de Lamadrid, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunció que "la medida para intervenir Vicentín está prohibida expresamente por la Constitución", y la trató de "ilegal y confiscatoria". El diputado de la UCR también golpeó al Gobierno: "Bajo la excusa de un salvataje a una Sociedad Anónima, se queda con la empresa. El objetivo oculto es quedarse con la matriz productiva de alimentos de los argentinos".
De Lamadrid señaló que los trabajadores de Vicentín "están cobrando y, además, la empresa tiene muchos bienes y capital", y remarcó que "se mencionó a SanCor como otra empresa que el Estado tiene pensado intervenir". Por último, subrayó que Cristina Fernández, actual vicepresidenta, "tiene su propia agenda. Con Cromagnon, con los muertos en Tucumán, Once y la AMIA no dijo nada, como ahora con la pandemia".
