No había terminado el día en que se recuerda a los muertos de la Amia cuando Cristina Kirchner arremetió contra la justicia desde su cuenta de Twitter. No fue para levantar la voz por 28 años de impunidad en el peor atentado terrorista que haya sufrido nuestro país. Fue para hablar de ella. El desprecio al duelo por las 85 víctimas de la Amia, a los que no se refirió, es el primer marco del mensaje de la vicepresidenta. Quizás no podía esperarse otra cosa de la autora del pacto con Irán.
No es cierto que a Cristina Kirchner le importe la igualdad ante la ley. Ella cree que está por encima. Que debe ser sobreseída incluso antes que se realicen los juicios que la declaren inocente o culpable. Ese planteo sin antecedentes es el que logró consumar en tres causas. Pero sabe que en dos de ellas ese sobreseimiento express, que desnaturaliza la razón de la justicia, porque niega su debido proceso, peligra. Una, es precisamente la que investiga el memorándum con Irán en la que fue denunciada por el fiscal Alberto Nisman, y cuya audiencia será en setiembre. La otra es en la causa Hotesur y Los Sauces en la que el fiscal Mario Villar pidió también que se revise el sobreseimiento sin juicio de la señora Kirchner y sus hijos en un expediente que se relaciona con el de la causa Vialidad, que es la que más la preocupa y por eso busca descalificarla.
Lo que para la vicepresidenta es “una causa fraguada” es, sin embargo una investigación sólida con pruebas contundentes, en la que se la investiga por ser presunta jefa de una asociación ilícita y por defraudación al estado en 51 contratos viales que favorecieron al empresario Lázaro Baez por unos 46 mil millones de pesos que, actualizados, serían unos 3500 millones de dólares, y cuyas penas en concurso real podrían alcanzar hasta 16 años de cárcel según la escala de los delitos que se investiga.
Es la llamada causa madre porque da inicio al sistema de corrupción que incluye lavado de dinero, delito que se investiga en los expedientes Hotesur-Los Sauces y Ruta del dinero K, que no tiene buen antecedente porque ya le valió una pena a 12 años de prisión al empresario k Lázaro Baez.
La causa madre tiene el 1 de agosto una fecha crucial en el alegato del fiscal Diego Luciani.
Ocho días antes de asumir como vicepresidente en 2019 Cristina Kirchner vociferó fulminante contra el tribunal, que a ella, la había absuelto la historia.
En las repúblicas son los tribunales y no la historia los que dicen inocente o culpable en términos jurídicos. Al César lo que es del César y al juez lo que es del juez.
La justicia es un poder independiente en el que el Ejecutivo según la constitución argentina, no puede intervenir en ningún caso ni arrogarse conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Límites que Cristina desconoció como presidenta y busca desconocer ahora con una causa que no se inició como la persecución a una opositora sino cuando ella era presidenta de la nación.
Si algo no tuvo oscilaciones ni altibajos desde que volvió al poder, es su embestida contra la división de poderes y sus intentos de manejar no sólo el órgano que designa o destituye a los jueces sino de controlar a los fiscales federales. No es casualidad. Por eso el mensaje de ayer es también una extraordinaria presión y una amenaza velada contra un fiscal que actúa con enorme soledad, porque se borraron desvergonzadamente la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigación Financiera.
“Todo lo que tenemos que decir lo vamos a hacer en el alegato y vamos a cumplir con nuestro deber”, fue la única respuesta que dejó trascender el fiscal Diego Luciani, quien, en medio de un gran hermetismo se prepara para reclamar una sentencia, dejando al tribunal en condiciones de fallar.
El mensaje de Cristina Kirchner es la muestra de que falló su plan principal al regresar al poder: lograr la impunidad. Su viejo jefe de gabinete entronizado como presidente no pudo ser un eficiente operador judicial para dar vuelta sus causas, y esa es la furia que cruza todas las otras furias contra Alberto Fernandez.
La vicepresidenta debió salir a atacar a la Corte, a ensuciar a la justicia y a tender sospechas sobre los medios porque, básicamente, necesita descalificar para quitarle legitimidad al primer alegato que puede pedir que vaya presa. Eso es lo que siempre le importó. Y la hora se acerca. Inexorable. El relato de víctima ya suena gastado. Ahora debe hablar la justicia.