Mientras la vicepresidenta nos quiere entretener con fotos de partidos de fútbol, el alegato del fiscal Diego Luciani descubre cosas increíbles como la argumentación de una perita de la defensa de la señora, que acudió a trabajos de ignotos alumnos de Perú, Bolivia o Guatemala para concluir en que no sólo Lázaro Baez no se enriqueció, sino que encima perdió plata con los contratos de Vialidad. Pobre Lázaro.
Se ve que quedaron tan contentos con la idoneidad de la perita Ingeniera Civil Adriana Alperovich, que apenas asumido el gobierno, le agradecieron el favor. El 28 de febrero de 2020, el jefe de gabinete de ministros la nombró por 180 días como Directora Nacional de Residuos de la Secretaria de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sí. Directora de Residuos. Delicias de la coincidencia que se dedique a la basura.
Son apenas misceláneas de una defensa que hace agua y por eso ofrece escenas del barro más sucio de la política en el intento de ensuciar a los que investigan porque simplemente apuntan al corazón del asunto. “Baez era Néstor y Cristina”, afirmó Diego Luciani.
El kirchnerismo no cesa en defenderse como culpable. Poco favor se hacen si siguen con las fotos. Si una imagen bastara para una parva de conclusiones conspirativas, qué decir de esas en las que Cristina Kirchner aparece siendo recibida por Lázaro Baez con la llave en mano del Mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, cuya construcción y custodia estuvo a su cargo. Pero no, no eran amigos. Todo eso fue un error. Se hubieran ahorrado el trabajo los fiscales y simplemente mostraban las fotos de íntima vinculación que ofrece la serie registrada por el por el colega Francisco Muñoz de Opi Santa Cruz, para probar la relación.
No son las únicas desproporciones que, por estas horas, exponen a un gobierno dislocado y perdido. La portavoz de la Casa Rosada, consideró “un castigo” que se le quite los planes a las familias que no manden a los chicos al colegio. En su argumento, y como creadora en 2006 del programa social llamado Ciudadania Porteña criticó que se tome como “requisito” la corresponsabilidad de los padres en la regularidad escolar, por considerarlo “una doble estigmatización”.
No sólo esta exigencia, debió implementarla mucho antes la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta. Castigo para los chicos es no mandarlos al colegio. Castigo para los chicos es inscribirlos para cobrar el plan y luego discontinuar su asistencia a la escuela. Estigmatizarlos es dejarlos sin educación. Y es un estigma más que doble, porque el estigma de no recibir educación, dura para siempre. ¿A tanto llega la confusión?
La falsa protección, lleva a límites increíbles cuando se termina defendiendo lo indefendible, y peor, lo indigno. No conformes con desalentar la cultura del trabajo mediante el asistencialismo clientelista, ahora se jactan de quitarle estímulo a la responsabilidad de los padres, para que garanticen a sus hijos las herramientas igualadoras de la educación. Y no sólo lo hizo Cerruti que hoy es vocera de un presidente que intenta demostrar que lo sigue siendo.
Más grave aún, el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, también criticó la medida, al decir que “a los chicos que no van a la escuela, en vez de estigmatizarlos, tenemos que ir a buscarlos, ver por qué no asisten, qué problema pueden estar pasando en sus hogares, acompañarlos y buscar insertarlos en el sistema educativo”. El estado que ha fracasado con los planes sociales como instrumento para sacar a la gente de la pobreza, plantea que va a rescatar a los chicos que en principio no logra que vayan a la escuela o que dejen de abandonarla.
En no asegurar las contraprestaciones de los beneficios sociales que encima son para bien de los niños, sólo se esconde la preservación de un sistema fallido, como herramienta de poder, pero también algo más. Que fue este gobierno al comenzar el mandato el que eliminó la obligatoriedad de terminar los estudios primarios y secundarios determinada por una resolución de esa misma cartera en la gestión de Carolina Stanley durante el gobierno de Macri. En aquella resolución se afirmaba que “la educación formal es tener la posibilidad de salir del plan y tener un trabajo digno”. Por momentos esto es lo que parecerían querer asegurar: que la gente no salga del plan, pero peor, porque no ir a la escuela condena a la siguiente generación. A los hijos de quienes reciben el plan. A la generación de chicos obligados a ir a marchas con sus padres en vez de estar estudiando.
Desproporciones de un gobierno dedicado a defender la decadencia que supo conseguir. Ahora bracean en la emergencia para domar una crisis que nos llevó a tener más inflación que Venezuela. En apariencia no tienen que ver con eso las cuestiones planteadas por este comentario. Pero si la cosa pública se convierte en una máquina de negocios para la recaudación política como plantea la causa Vialidad y la ayuda social convierte a la pobreza en un cautiverio sin salida porque además no promueve la educación, bajo falsos lemas de proteger al más débil, sólo se completa ante nuestros ojos, el mapa de un estado fallido, que en nombre del pueblo, y gastando siderales cantidades de dinero, sólo ha comprado la ruina del país, al compás de obscenos enriquecimientos, que como nunca, van quedando a la vista de todos.
