"La Oficina Anticorrupción debería empezar a llamarse Oficina Por la Corrupción"

La Oficina Anticorrupción podría empezar a llamarse Oficina Por la Corrupción. El organismo cuya función es la de investigar delitos de corrupción y formular denuncias penales renunció a ser querellante en la causa Vialidad en la que Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita y no presentará acusación. Contra lo que dice su propia misión según consta en el sitio web oficial, argumentan que su función no es acusar ante la justicia.
Se trata de la causa más avanzada de las investigaciones de corrupción contra la vicepresidenta y se aproxima el alegato del fiscal Diego Luciani que se producirá luego de la feria judicial. Aunque esa fiscalía guarda total hermetismo sobre sus consideraciones, las penas de los delitos por los que se juzga a Cristina Kirchner va de 5 a 16 años de prisión.
Ni esto, ni que se investigue un fraude al estado por 46 mil millones de pesos que actualizados superarían los 3500 millones de dólares, a través de 51 contratos direccionados sistemáticamente, parecieron causa suficiente para el organismo que dirige el ex fiscal Félix Crous. En la misión de la Oficina Anticorrupción se detalla: “formulamos denuncias penales cuando detectamos hechos de corrupción” y “nuestro ámbito de acción comprende organismos del Poder Ejecutivo nacional”, entre otros, pero en su nota al Tribunal renuncia a acusar a Cristina Kirchner y a su rol de querellante.
No extraña que titular del organismo, miembro de Justicia Legítima y vinculado al kirchnerismo, actúe más como un tácito defensor que como un entusiasta investigador de presuntos corruptos. Ya cuando asumió en 2020 consideró que las acusaciones les corresponden a los fiscales y que la Oficina Anticorrupción había sobredimensionado el área de litigios. Que debía encargarse a la prevención y a la comunicación. En ámbitos del ministerio público remarcan que las oficinas anticorrupción de todos los países tienen un rol activo y relevante en los delitos de corrupción y advierten sobre la fuerte merma institucional que implica la decisión de la Oficina Anticorrupción de Argentina en este caso. “El fiscal va quedando solo”, responden. Si bien en esta causa el doctor Diego Luciani prefiere no considerar como presión la salida del organismo sabe que trabaja “sin margen de error” en una causa con copiosa documentación recopilada a lo largo de 3 años. El paso de la Oficina Anticorrupción vaciando de presencia de organismos de control el juicio más avanzado contra Critina podría incluir también a la Unidad de Investigación Financiera en una movida similar.
La llamada causa Vialidad, considerada delito precedente de las existentes por lavado de dinero que ya le valieron a Lázaro Baez una condena a 12 años de prisión en la Ruta del Dinero K, tiene como principal acusada a la Vicepresidenta, además de otros funcionarios y del mismo empresario kirchnerista, por presuntamente, dedicarse “entre 2003 y 2015 a cometer delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
En la instrucción de la causa realizada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se especificaba sobreprecios, adjudicaciones en tiempo record, licitaciones simuladas para que ganara el mismo, nulos controles sobre finalización de obras, y a pesar de esto pagos al día con absoluto privilegio. Por un mecanismo discrecional Baez llegó a ser adjudicatario de prácticamente el 80 % de la obra vial en la provincia y su principal empresa vió entre 2003 y 2012 un crecimiento de su patrimonio que superó el 45 mil por ciento. En lo personal, Baez que era empleado estatal y monotributista hasta 2003 declaró un incremento patrimonial entre 2002 y 2014 que ascendía al 12.127%. Todos porcentajes siderales.
Esta causa, no le llama la atención a la Oficina Anticorrupción para mantenerse como querellante. Su prescindencia es muy parecida a una velada complicidad. Una alta fuente de la investigación lo calificó de “papelón institucional que da vergüenza”.
Ya no extraña la desvergüenza ante un gobierno cuya única política sostenida ha sido la búsqueda de la impunidad para Cristina Kirchner. Y en ese contexto se enmarcan los continuos embates contra la justicia que tienen en las últimas semanas como blanco a la Corte Suprema. El propio presidente volvió a apuntar en las últimas horas contra uno de sus miembros en el mismo discurso donde ni se refirió al avión sospechoso que anduvo a sus anchas por el país con una tripulación de iraníes a pesar de las alertas internacionales recibidas por Argentina.
Esta nueva avanzada contra la justicia no es extraña. Podría tener varias malas noticias judiciales la vicepresidenta en los próximos meses. Es muy probable que las causas Hotesur y Los Sauces y justamente la del Memorandum con Iran denunciada por el fiscal Nisman vuelvan la instancia de juicio que insólitamente fue suspendida por sobreseimientos por inexistencia de delito antes del proceso oral que corresponde precisamente para determinar culpabilidad o inocencia. Pero lo más inminente es sin duda el primer alegato de acusación en un juicio oral. Alegato que según altas fuentes dejará claro desde la primera audiencia la contundencia de dos años de investigación. Antes de que termine 2022 se espera la primera sentencia contra Cristina Kirchner en una causa por corrupción. Esos son los tiempos que realmente le preocupan mientras el país cursa una crisis fenomenal y su gobierno un desplome de imagen por la paupérrima gestión a la par de las penurias de los argentinos. Temen que en 2023 el frente judicial sume a este paso la inevitable pérdida del poder.