Vivimos en un país donde asombra que, desde el imperio de la ley, alguien se anime a cuestionar el imperio de la fuerza. Y los Moyano representan eso, la impunidad mediante la fuerza. Tirarle el camión a la justicia o a quien sea si es necesario. No es que eso les haya garantizado ser absolutamente intocables, pero nada ha hecho mella en metodologías mafiosas de coerción para obtener sus fines. Eso le permitió al gremio de Camioneros intentar una vez más, en 2021, mediante la extorsión –según los denunciantes-, que la pyme familiar Rey distribuidora de alimentos de San Nicolás encuadrara sus 35 empleados en su sindicato.
El caso se hizo conocido con el video viral del llanto del empresario de 70 años que la fundó, cuando quebrado por la impotencia y viendo avanzar una inspección del propio ministerio de Trabajo bonaerense en su depósito y exclama entre lágrimas, “Me vienen a arruinar... No quiero más a esta gente acá”. La angustia de Ricardo Rey, había comenzado con la designación de un delegado del gremio sin que se cumplieran las condiciones necesarias y que llegaran las represalias apenas decidieran sancionarlo. Hostigamientos, inspecciones y bloqueos. Al principio Ricardo y su hijo Ariel habían cedido a ir pasando de a poco sus trabajadores al otro gremio, pero eso no era todo. También les pedían coimas. Cuentan que los llamaban y les decían “Tenemos que juntar un millón de pesos así que fíjate cuánto vas a poner”, para levantar los bloqueos que hacían imposible las actividades de la firma.
Hasta que tomaron la decisión que lo cambió todo. Dejar de pagar la coima y hacer la denuncia penal. Jamás imaginaron que la justicia tomaría una decisión inédita. El 30 de marzo pasado luego de la validación de la Cámara, se ordenó la detención de los responsables de bloqueos sindicales y además se encontró pruebas de los pagos extorsivos.
El caso provocó un terremoto de alcance nacional por la naturalización de estas prácticas extorsivas, al plantear que los bloqueos pueden configurar un delito. La jueza Maria Eugenia Maiztegui era un David contra un Goliat. Los sindicalistas que se entregarían una semana después eran dos pesados: Maximiliano Cabaleyro, líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, se entregaron y quedaron presos acusados de extorsión y coerción, entre otros cargos.
El desafío a la orden judicial llegó a derivar en un paro que dejó sin recolección de residuos al municipio cuyo intendente Manuel Passaglia pidió la intervención del gobierno de la provincia declarándose “rehén de los Moyano” y adivirtiendo que saldrían ellos a juntar la basura y no dudaría en municipalizar el servicio si la huelga continuaba.
Hugo Moyano llegó a viajar a San Nicolás para darle apoyo a los detenidos y desafió a la justicia exigiendo la liberación porque según él no habían encontrado nada en contra de los detenidos a pesar de 30 allanamientos y la causa según sus letrados era una aberración que denotaba desprecio a los trabajadores.
El procedimiento que ordenó la doctora Maiztegui en las últimas horas fue ni más ni menos que en la sede central del sindicato en busca de la presunta deuda de la empresa que dio origen a los bloqueos pero de la que no acreditaron existencia a pesar de ser la excusa para las inspecciones del ministerio que sufría la pyme que distribuye alimentos a almacenes de todo el país desde 1989.
El allanamiento ordenado por la fiscal Maria del Valle Viviani, resultaría así vital para la carátula de la causa que si no se encuentra pruebas de esa deuda, pasaría de coacción a extorsión con una pena de hasta 10 años de prisión, según los abogados de la familia Rey.
El caso tendría además otro efecto, que es el de sentar precedente acerca del marco delictual de los bloqueos que bajo el paraguas de la protección sindical sean en realidad métodos cuasi mafiosos para presionar con encuadramientos y exigir coimas.
Emerge una sensación de justicia ya por el mero hecho de que se concreten procedimientos judiciales de rutina ante lo que en la mayoría de los casos parecen haberse convertido en prácticas naturales. Que una empresa deba ceder a la fuerza, abandonada por toda protección legal como si la justicia se volviera impotente ante los prepotentes.
El periodista Hernan Cappiello de La Nación describió a la jueza federal Maria Eugenia Maiztegui como una jueza sin vueltas, una magistrada aferrada al texto de la ley que se ganó el respeto en San Nicolás. Consultada por Radio Rivadavia, ella consideró no prudente hacer declaraciones a la prensa en su rol de un tercero imparcial. Sin dudas, su acción en busca de justicia, aunque eso haya implicado ir contra el sindicato más poderoso de Argentina tiene más elocuencia que mil palabras. De hecho, en momentos del tenso allanamiento, el titular del gremio, Hugo Moyano estaba en un acto junto al Presidente en la Casa Rosada.
Es paradójico, el llanto de Ricardo Rey, no fue el llanto del temor sino el llanto del hartazgo moral y de la dignidad. Ese día, interiormente dijo basta, dejó de bajar la cabeza y pagar coimas, y fue a reclamar por sus derechos. Su caso puede ser el caso del fin del miedo.
