La idea del estado como conchabo, el fraude a la sociedad que significa usar una posición de poder para hacer favores políticos costeados por el dinero de los contribuyentes, es también lo que el kirchnerismo llevó a su máxima expresión en estos 20 años. Y siguieron haciéndolo hasta el final del mandato que hoy tiene su último día hábil.
La ministra de Salud, que vacunó primero a sus padres, que otorgó privilegios para ver enfermos cuando nadie podía verlos, que ocultó los contratos de las vacunas, ahora ocultó que a sólo días de irse renovó no uno, o diez, o veinte, sino cinco mil contratos de empleados públicos por un año, sin consultar con el gobierno entrante si acaso los necesitaba. Son contrataciones que podrán ser revisadas o dadas de baja por la próxima administración, pero la renovación de esos contratos deja abierta la via judicial. Es decir que tanto por la erogación que significa en salarios como por la litigiosidad, tienen un costo para todos los argentinos y dejan en evidencia un concepto de lo público como botín político. Seguramente estarán festejando la avivada sin preguntarse si no es inmoral quedarse haciendo trampa en una posición en la que no saben si serán requeridos y que se paga con los impuestos un pueblo quebrado. Las dádivas con la nuestra como si fuera la de ellos.
Pero Vizzotti no está sola. El jefe de gabinete Agustin Rossi pasó 96 empleados a planta permanente antes de brindar para despedirse. Hay hasta bibliotecarios entre los empleados heredados, según consigna la información.
Pero no sólo fueron picardías de última hora. En Agosto de 2022, cuando se hacía llamar Superministro, Sergio Massa anunció con pompa y circunstancia el congelamiento de ingresos al estado. La verdad, no se congeló nada. Sólo hasta septiembre de este año se contabilizaban más de 7 mil nuevos empleados.
Si ampliamos la foto, durante el gobierno de Alberto Fernández la planta de empleados de la administración pública aumentó en 28 mil personas. Aunque del casi medio millón de empleados de organismos nacionales, la gran escalada vino del último gobierno de Cristina Kirchner en el que entraron casi 100 mil empleados. Esa planta que apenas había bajado un 2% durante el gobierno de Macri, volvió a dispararse en la última gestión. No es difícil entender por qué los gremios estatales adhieren fervientemente al kirchnerismo: definitivamente porque los multiplica.
Pero hay algo más profundo detrás de estas maniobras de última hora y tiene que ver con una forma de hacer política que consiste en la apropiación de lo público. Como si el dinero del estado fuera plata que viene del cielo y no del esfuerzo y la excesiva carga tributaria que cae sobre las espaldas de los argentinos que pueden llegar a pagar hasta 48 impuestos en un año y trabajar hasta ocho meses para el estado antes de cosechar el valor de sus esfuerzos. Lo que viene del estado no es gratis. Nos cuesta a todos. Lo que se va en dispendio o en acomodos, no va luego a la salud, a la educación o a la seguridad. Y redunda en ineficiencia, en privilegios y en injusticia. Si no hay un patrullero, si no hay un remedio, si no pueden cobrar mejor los médicos, también es por los que se la llevan de arriba, o mejor dicho de todos nosotros.
No son sólo los planes sociales, son los becados del estado que se atornillan en cargos sin importar que no sean necesarios.
Recientemente el escándalo del puntero Chocolate Rigau mostró cómo una verdadera nómina de empleados fantasmas servía para canalizar dinero a la política, una práctica que no sería una excepción en la sobredimensionada Legislatura Bonaerense.
Para que el estado vuelva a ser creíble como generador de bienes públicos, como facilitador y como árbitro, si algo resulta imprescindible es que primen los criterios de idoneidad, de mérito y de servicio en vez de la mano en lata, la toma de las cajas y el acomodo.
¿Cómo puede el estado servir si en realidad es el imperio de la repartija y la ventaja?
Devolverle al estado su esencia de servicio público es uno de los grandes desafíos del gobierno que llega. Vemos por lo pronto que el gobierno que se va deja miles de nuevos empleados y las arcas vacías. Seamos claros y llamemos a las cosas por su nombre. El uso político o el dispendio de los recursos públicos es solamente otra forma de la corrupción.
