Cristina Kirchner creía estar por encima de la ley. Ella, que tanto pregona la igualdad, era más igual que todos. Y no sólo por las dos pensiones que suman 10 millones de pesos. También porque usó el poder para intentar salir impune. Aún se escucha sus gritos amenazantes contra uno de los tribunales que iba a juzgarla diciendo que a ella la había absuelto la historia.
En un hecho inédito para la justicia argentina dos jueces habían decidido que, en dos causas clave, Cristina Kirchner fuera sobreseída sin juicio. Es decir, sin el debido proceso donde se determina precisamente si alguien es inocente o culpable. Eso que se llama juicio justo. Y que no sólo es una garantía para los acusados sino también para las víctimas.
Cristina había logrado cambiar la frase de “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, por “inocente sin que se demuestre”.
La igualdad ante la ley es uno de los principios básicos de la República. Cristina Kirchner quiso consagrar el privilegio de estar por encima de la ley y casi lo logra.
Para eso, sobre todo, es que volvió al poder. Quiso evitar que se hiciera el juicio de Vialidad, y no lo logró. Y hasta ayer había conseguido que en las causas Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán le dictaran un asombroso sobreseimiento sin juicio. Ahora deberá responder ante los tribunales.
No son dos causas más. En Hotesur-Los Sauces, donde también está involucrado su hijo Máximo, se investiga el retorno de dinero con que se había beneficiado a los empresarios K, Lázaro Baez y Cristobal Lopez, y que volvía a los Kirchner a través del pago de alquileres fantasma en hoteles y propiedades.
Es una de las causas que cierra el círculo de corrupción que comenzó con maniobras como las que se probaron en la Causa Vialidad, en la que un empleado de banco se convirtió en pocos años en el patrón de la obra pública patagónica y en el dueño de territorios que equivalen veinte veces la ciudad de Buenos Aires. En esa causa Cristina fue condenada a seis años por defraudación al estado, pero la Cámara aún debe revisar esa sentencia que para el fiscal Diego Luciani, era en el caso de la vicepresidenta, la jefa de una asociación ilícita.
Cristina Kirchner es la primera ex presidenta de la historia argentina condenada por corrupción. Superó en ese récord a su vicepresidente Amado Boudou que fue preso por intentar quedarse con la fábrica de billetes. Uno de los jueces que la había sobreseído también fue el que le redujo la condena a Boudou.
La otra causa, remite a uno de los hechos más graves desde el retorno de la democracia. Es la denuncia del fiscal Alberto Nisman, de un Pacto con Irán a cambio de impunidad en la causa Amia. A cuatro días de realizarla, el fiscal apareció muerto en su departamento. La justicia investiga el caso como un asesinato. Y la causa que su muerte dejó inconclusa estuvo a punto de ser archivada para siempre. La justicia ahora deberá analizar en juicio las evidencias sobre el posible intento de buscar que se levantaran las alertas rojas de los prófugos por el atentado a la AMIA. Ni más ni menos. No es menor que aquel memorándum haya sido declarado inconstitucional. Como presidenta, Cristina Kirchner acordó con Iran una llamada comisión de la verdad para obtener los testimonios pendientes, pero eso era ni más ni menos, que quitar la causa de sus jueces naturales y de los tribunales argentinos, no sólo interfiriendo en la esfera de otro poder -cosa que la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo-, sino que por ejemplo, implicaba que el fiscal Nisman sobre quien recaía una sentencia de muerte en Iran precisamente por esta investigación, viajara a ese país para tomar los testimonios. Apenas hizo la denuncia de la oscura trama, lo mataron. En estos días aparecieron indicios de presunto espionaje contra el fiscal días antes de ser asesinado, y que podría haber sido ordenado desde lo más alto del gobierno. Al fiscal lo mataron, pero ahora, su denuncia sigue viva.
La obsesión y el ensañamiento del kirchnerismo contra la justicia tuvieron dos fines: el desmantelamiento total de las causas contra Cristina Kirchner y la colonización del poder judicial para lograr impunidad pasada y futura. Un sistema donde la justicia estuviera bajo sus órdenes. Para eso intentaron la mal llamada democratización de la justicia, la reforma del ministerio público para someter a los fiscales, y la ampliación de la Corte Suprema. Con el juicio al máximo tribunal en el Congreso, aunque no contaran con los votos, buscan resquicios políticos para impugnarlos en el futuro, por un motivo muy simple: todos los caminos de las causas de Cristina terminan en la Corte Suprema.
Hicieron todo para que nada fuera investigado, con la excusa bombástica del lawfare.
En los argumentos de la condena por Vialidad, el tribunal consideró que el lawfare que denuncia Cristina Kirchner, es en realidad sólo una nueva teoría conspirativa cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por delitos de corrupción.
La primicia de una negociación secreta entre Argentina e Irán para suspender la investigación de los atentados fue revelada por el periodista Pepe Eliaschev. En la causa reabierta valientemente en su momento por el fiscal Gerardo Pollicita, en un dictamen impactante, se analiza la trama diplomática que derivó en la presunta maniobra de encubrimiento de los autores del atentado. Ahora los argentinos podrán atestiguar ese proceso, como la ley manda.
Como dijo el colega Nicolás Winaski, que sea en memoria de Nisman. Y agrego, que sea también en memoria de Eliaschev. Y que sea justicia.
