Una cosa es protestar y otra cosa es cometer delitos. Eso no tiene que ver con la nueva Constitución de Jujuy. Eso tiene que ver con un régimen extorsivo mediante la violencia en las calles promovido y apañado por el kirchnerismo.
Porque una cosa es no criminalizar la protesta y otra, es dar licencia para cometer delitos y desafiar el orden legal, bajo la excusa de la protesta. Eso se convirtió en la regla en Argentina durante las dos décadas de hegemonía kirchnerista en el peronismo. El derecho al libre tránsito, la integridad de los edificios públicos o el derecho de las empresas a no ser obstruidos por mafias sindicales fueron suspendidos de hecho abriendo el camino a la coerción y al poder de los violentos.
Ni siquiera era necesario que el gobernador Gerardo Morales establezca prohibición de corte total de rutas para que eso fuera ilegal. El problema en el país es que el kirchnerismo instituyó que ellos están por encima de la ley y que, si quieren, desde el poder, no la hacen cumplir. No hace falta indagar demasiado para saber cómo funciona ese sistema extorsivo al que le llaman tener el control de la calle. Basta con repasar las declaraciones del diputado Eduardo Valdez, que suele hablarse encima a menudo: “Si la oposición toma el gobierno habrá convulsión social como existe en Jujuy”, afirmó. No sólo es una intimidación pública y un manifiesto antidemocrático, sino que resulta una clara confesión. Cuando todo dirigente político de la democracia debería estar repudiando el ataque a la casa de la democracia como es una legislatura, desde el Presidente, pasando por la vicepresidenta y siguiendo por sus ministros y diputados, hicieron causa común con los violentos. No es casualidad. Está bajo investigación que los ataques a la legislatura de Jujuy fueron efectivamente orquestados desde Buenos Aires.
El caso emblemático, sin embargo, nos lleva mucho más atrás, a los albores del kirchnerismo en el poder nacional. Fue el ataque a la Legislatura Porteña el 16 de julio de 2004 cuando se iba a tratar el Código de Contravenciones, y un grupo minúsculo provocó todo tipo de destrozos sin que la policía -que todavía respondía a órdenes federales- interviniera para frenarlos durante horas. La orden había sido del propio presidente Néstor Kirchner. La policía debía rodear el edificio, pero no actuar y ni siquiera llevar armas reglamentarias. El escándalo derivó en la renuncia del entonces Ministro de Justicia Gustavo Beliz quien luego reveló que se había estimulado la violencia con infiltrados.
Aquél hecho instalaría un modus operandi enmascarado en el derecho a protestar que en los hechos derivaba en otra cosa: la existencia de fuerzas de choque intocables por la ley, bajo el paraguas de poder. Con el tiempo se sofisticaría aún más la estructura de financiamiento encubierta en ayuda social.
El intento de toma de la legislatura de Jujuy donde la reforma constitucional fue votada mayoritariamente incluso por el peronismo tuvo las mismas características, con una excepción: las fuerzas del orden público actuaron.
Del ataque a la Legislatura porteña al ataque a la Legislatura de Jujuy lo que viene rigiendo es la negación del orden público a los ciudadanos para instituir el desorden organizado y erigirse en los dueños del desorden. De eso se trata. De meter miedo. No se dan cuenta de que la gente está harta de vivir sitiada por los violentos y que si a algo le tiene miedo es a que nadie les ponga freno.
Ese modelo también está en crisis y cuando aparece como espectro amenazante, sólo recuerda cuánto hace falta la recuperación del imperio de la ley en todo su sentido.
