El 25 de noviembre de 2011 Ana María Figueroa juró por la Patria y el honor, “administrar justicia bien y legalmente de acuerdo a lo que prescribe la Constitución Nacional”.
Ni Patria, ni honor. La jueza Figueroa está en rebeldía a la Constitución desde el día de su cumpleaños número 75 el 9 de agosto pasado cuando cesó su mandato por no tener acuerdo del Senado.
Pero a su juramento por la Patria parece haberlo confundido con un juramento por el Instituto Patria, porque, como okupa de la Cámara de Casación Penal, lo que en realidad está haciendo en vez de impartir justicia, es ser la última cruzada por la impunidad de Cristina Kirchner.
El limbo jurídico en el que resiste la magistrada, la convierte en un cepo para el avance de causas muy importantes contra la vicepresidenta.
Con su irregular permanencia cualquier determinación queda vulnerable de ser considerada nula. Y las decisiones que esperan son vitales para el frente judicial de Cristina Kirchner. Está en juego si vuelven a juicio oral, el caso Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero donde también están imputados los hijos de la vicepresidenta, y la causa por el infame Pacto con Irán que es ni más ni menos que la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman días antes de aparecer sin vida, y según la justicia, asesinado.
Este mes, aunque no firmó ni sentencias ni resoluciones, la jueza Figueroa cobró en tiempo y forma los 3.700.000 pesos de sueldo como si hubiera trabajado, y como si no hubiera cesado su mandato.
La impunidad con que se maneja es la misma con la que su verdadera jefa que es la señora Kirchner se manejó en el senado: esa cámara sólo sesionó dos veces en lo que va del año, y las dos fueron para intentar pasar el pliego de la jueza Figueroa junto con el de otros 74 jueces que le permitirían a la vicepresidenta condenada por corrupción colonizar con magistrados afines una cantidad de puestos suficientes como para alterar la mayoría en el consejo de la Magistratura.
Es tal el descaro de la jueza atrincherada, que ayer dejó estupefactos a sus colegas al negar en su cara que hubiera renunciado a la presidencia de la Cámara y encima alegó sorpresivas cuestiones de género en su contra. Como no obtuvo lo que quería, arrinconada, ahora evalúa pedir una licencia extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia. Que se entienda, pide una licencia de un mandato vencido.
Varias cosas en este desaguisado. Que la jueza tiene fidelidad con Cristina Kirchner se sabe desde que la misma magistrada denunció lawfare siendo ella una mujer de la justicia. Pero es innegable cierto espíritu de cuerpo en el hecho de que ni el Consejo de la Magistratura ordenó su expulsión o que deje de cobrar por funciones que no ejerce. Lo peor, es que su pedido de licencia deja a la Corte en la encerrona de que, si lo acepta, está admitiendo la validez de su permanencia en el cargo. Nadie le da licencia a alguien con mandato vencido.
Si alguna dignidad le queda, lo primero que debería hacer la doctora Figueroa es devolver el sueldo que no trabajó y que ya embolsó. Segundo, se deberían activar los resortes administrativos morosos, para que cumpla con la constitución y deje su cargo. Ella pretende que se considere que el tratamiento de su pliego está en desarrollo en el Senado, lo que la llevaría tranquila hasta el fin del año parlamentario. Y le permitiría a Cristina ganar todo ese tiempo en sus causas y si puede hasta después de la feria judicial de verano. Es improbable que el senado vuelva a tratar la cuestión, pero además, como la vice acecha para meter el tema por la ventana si es necesario, la cámara alta está paralizada con excepción a los intereses de Cristina.
Es hora de que el Poder Judicial se haga cargo de ponerle tope a este escándalo. Si son ellos los que no cumplen la ley cómo piensan exigirle a alguien más que la cumpla.
Por ahora, la jueza K viene logrando una proeza. Actuar como si para ella no pasara ni el tiempo. Considerando su comportamiento, parece que se autopercibe de 74 o que en su cumpleaños directamente contó para atrás.
