El país necesita un Nunca Mas de la corrupción
Se ha hablado mucho en estos días del ex presidente Alberto Fernández y ciertamente los escándalos que hacen a su vida personal le ganan por estos días en espacio a la investigación por los seguros o a su gestión de gobierno.
Se olvida por tanto otros episodios de violencia, en particular uno, que no fue de índole privada sino de máxima gravedad institucional y que ocurrió en vivo por la televisión. Fue cuando le envió un verdadero mensaje mafioso al fiscal que investigaba a Cristina Kirchner por corrupción:
Ayer en una estremecedora exposición técnica en el Colegio de Abogados, el fiscal Diego Luciani se refirió por primera vez en público a este episodio ocurrido en el programa A dos Voces el 24 de Agosto de 2022 luego de su histórico alegato en la causa Vialidad.
Como afirmó entonces el grave comunicado de la Asociación de Fiscales: la muerte de Alberto Nisman se investiga con carátula de asesinato por hacer su trabajo, y al “trazar paralelismos” entre Nisman y Luciani, por un eventual suicidio, los dichos del presidente son desagradables y temerarios contra un funcionario que sólo está cumpliendo con su deber constitucional.”
Quien estaba incumpliendo con la Constitución era de hecho Fernández que como presidente tenía prohibido meterse en causas judiciales como establece el artículo 109.
Estas afirmaciones no eran inocuas. Porque del alegato del fiscal Diego Luciani que había sido seguido jornada tras jornada por televisión con enorme interés, iba a depender la decisión del tribunal que debía condenar o absolver a Cristina Kirchner, con lo cual las palabras del presidente que era capaz de sugerir que al fiscal podían suicidarlo, se hacían extensivas al tribunal que tenía que tomar una decisión. Nunca una causa por corrupción había llegado tan lejos investigando a la cúspide del poder.
Aquél alegato histórico finalizaba con la dicotomía entre dos imperios: el de la ley y el de la impunidad. Pocos meses después, el 6 de diciembre el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, anunció el veredicto, condenando a la ex presidente a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El fiscal que había pedido una pena aún mayor, de 12 años de prisión incluyendo la figura de asociación ilícita, apeló la decisión del tribunal que sólo la condenó por administración fraudulenta por dirigir las obras públicas de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Baez que pasó de empleado bancario a millonario llegando a acumular en propiedades, para dar un ejemplo, un territorio de 400 mil hectarias, comparable con veinte veces la Capital Federal.
Lo mismo consideró en su momento el fiscal de Cámara Mario Villar.
Ayer Luciani reveló haber sufrido presiones inconcebibles por investigar al poder estando en el poder. Pero además se refirió a la calamidad que significa la corrupcion en nuestro país.
Estas afirmaciones no fueron dichas en cualquier momento en el tiempo. La oportunidad les da carácter de advertencia. Porque es inminente el fallo de la Cámara que debe decidir sobre las apelaciones en la Causa Vialidad. Según el periodista Hernan Capiello, a fin de mes, el tribunal de Casación definirá la condena contra Cristina Kirchner. Lo integran Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. Pueden confirmar la sentencia, subir la pena a asociación ilícita o absolver a la ex presidente.
Todo esto ocurre en un contexto político donde ya no es un secreto que el kirchnerismo intentó negociar con el gobierno lo que es en los hechos un plan de impunidad para que a cambio de votar la designación de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla para la Corte Suprema también se pusiera a discusión la ampliación de la Corte y la designación de un nuevo Procurador.
Ambos factores están intimamente ligados con el frente judicial de Cristina Kirchner. Porque todas sus causas llegarán a la Corte y porque según las fuentes, habrían tentado con la procuración a uno de los jueces que debe decidir sobre la condena de Vialidad, concretamente el doctor Borinsky.
La corrupción no es una cuestión abstracta. La tragedia de Once demostró que la corrupción mata. Pero además, el avance de la corrupción a nivel de metástasis en el estado como demuestran el caso Cuadernos o Vialidad, son ejemplo de cómo hay un punto en que el propio sistema se convierte en un mecanismo para robar dineros públicos. No podemos olvidar el caso Ciccone por el que fue preso el ex vicepresidente Amado Boudou por intentar quedarse con la única empresa que imprimía dinero.
Hoy las causas por corrupción demoran un promedio de 14 años en Argentina. La causa Vialidad lleva de hecho 16 años. Esa lentitud ya es un escándalo. Lo único que puede poner un freno a la corrupción es el fin de la impunidad. El fiscal Diego Luciani acaba de publicar un libro que se llama Corrupción, un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Sí, la corrupción termina corrompiendo la democracia. El país necesita un Nunca Más de la corrupción pero hay muchos que quisieran que siga reinando la impunidad. Eso está en juego.
