Como en un cuento de la cripta del más sórdido realismo mágico, la dictadura de Nicaragua, le hizo réquiem a su Corte Suprema, al tiempo que declaraba un conveniente asueto de dos jornadas por el Día de los Muertos. El extendido fin de semana en que las familias podían rendir homenaje a sus difuntos fue en realidad una ocasión para los vivos. La dictadura que ya dio el zarpazo sobre la oposición política y la prensa libre, ahora alargaba su mano al último bastión institucional que podía ponerle freno.
Rosario Murillo, la poderosa primera dama, esposa del dictador Daniel Ortega, tomó control de la Corte Suprema de Justicia mediante un operativo policial que desalojó a la presidenta del tribunal Alba Luz Ramos que terminó custodiada con vigilancia, presa en su propia casa. La medida se suma al encarcelamiento de otros dos magistrados en octubre del año pasado y a la reciente reforma constitucional en la que se le había quitado facultades al Máximo Tribunal. EL golpe a la Corte es otro paso en el intento de control total del estado que la esposa de Daniel Ortega protagoniza sin pausa ni miramientos para asegurar el poder en caso de que su esposo que cumple 78 años el próximo 11 de noviembre, sufriera algún percance de salud que pusiera en riesgo la sucesión.
Hay algo que tienen en común regímenes autocráticos como el de Nicaragua y Venezuela: aniquilaron la independencia judicial. El kirchnerismo no llegó a tanto porque no pudo, no por no haberlo intentado.
Cuando en estos días se habla de peligro para la democracia o para la república, parece olvidarse la trama silenciosa pero incesante orquestada por Cristina Kirchner para colonizar el poder judicial, y no sólo obtener impunidad en sus causas sino también para garantizarse el control de la Justicia con tribunales adictos. La avanzada que lleva años encuentra en el final del cuarto gobierno kirchnerista, un punto culminante: el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. Un proceso que aun teniendo carácter testimonial porque desde el comienzo, carecieron de votos suficientes como para hacerlo efectivo, continuó su avance, como vehículo de escarnio y presión, al tiempo que se definían en la justicia cuestiones clave relacionadas con causas, en su mayoría por corrupción, que se le siguen a la vicepresidenta.
En estas horas, se conoció un escrito de dos de los jueces de la Corte Suprema, entre ellos su presidente, el doctor Horacio Rosatti, donde tanto él como el supremo Carlos Rosenkrantz rechazaron las acusaciones de la Comisión de Juicio Político. En su alegato, además de señalar falencias en el debido proceso, producción de pruebas sin intervención de un juez, violación del secreto fiscal y uso de evidencia ilegal, entre otras cuestiones, denunciaron que en “el proceso se buscó afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular”.
Entre las irregularidades, el doctor Rosatti también denuncia que se sometió a los testigos a un trato hostil y descalificatorio en lo personal que incluyó interrogatorios sobre aspectos de su vida privada y sus vínculos familiares sin justificación alguna.
Ya sabemos que la división de poderes es una base fundamental de la República y que la manda precisamente la Constitución Nacional. La grave respuesta ocurre a tan sólo dos meses del término del gobierno, cuyos tramos finales no apaciguaron ni un poco los embates de Cristina Kirchner contra los jueces.
Esta semana de hecho se conoció otro abierto desafío a la Corte por parte de la ex jueza Ana María Figueroa que reclamó ser repuesta en su cargo, consideró ilegal su apartamiento decidido por el Máximo Tribunal y pidió que el Consejo de la Magistratura le restituya su sueldo. Es la misma que motivó casi todas las pocas veces que funcionó el Senado porque Cristina Kirchner buscaba asegurarse su permanencia para contar con un voto favorable en la estratégica Cámara de Casación, y especialmente en la Sala donde se definían la causa Hotesur-Los Sauces y Pacto con Irán, que finalmente deberán volver a juicio oral.
Sólo dos días antes del ballotage, el 17 de noviembre, cuando ya rija la veda electoral que apacigüe las campañas, la vicepresidenta llamó a votar el inicio del jury. ¿Alguien puede creer que Cristina Kirchner, en caso de resultar ganador el oficialismo, cese en su avanzada contra la justicia? ¿Qué harán los legisladores que le respondan a Massa frente al último hecho político que marcará el camino al ballotage? Al ministro candidato que se las pasó diciendo que no es kirchnerista, le sobrevendrá una prueba inocultable de a quien responde el espacio político que lo lleva como figura principal en el ticket presidencial y del que no puede ni podrá desligarse.
En una entrevista concedida a Rodolfo Barilli para Telefe Noticias, el candidato dijo que cree en la división de poderes, pero no pudo ser categórico sobre qué hará con el juicio a la Corte Suprema.
“Vamos a ver cómo queda la composición de las cámaras”, dijo, cuando se sabe que sus listas están plagadas de kirchnerismo y fueron confeccionadas cuidadosamente por La Cámpora y Cristina.
No hay maquillaje, no hay llamado a la unidad nacional, no hay discurso centrista que oculte ya lo inocultable. Todos son Cristina. Alberto fue Cristina. Figueroa es Cristina. Massa es y será Cristina. Los sommeliers de peligros para la democracia podrían ir tomando nota.
En la semana del día de los muertos, por aquí también aparecen los vivos, queriendo declarar encubiertamente la defunción de la justicia.
