Los estudiosos de la Kaballah deberían dedicarse a analizar qué misticismo o incantación divina se esconde los 7D, forma sintética de llamar al 7 de Diciembre.
El kirchnerismo la convirtió durante años en una especie de Día D para su cruzada contra el Grupo Clarin, con la famosa ley de medios, porque ese día vencía la medida cautelar que protegía a la compañía.
Aquél 7 D de 2012 quedó bastante en la distancia, pero la fecha nos vuelve a concentrar el mismo día once años después.
El 7 D del año pasado, cuando ya había asumido Jorge Macri, funcionarios de su antecesor, cuando ya no eran funcionarios, habrían preadjudicado el eternamente polémico servicio de acarreo de grúas. A pesar de que era una pre adjudicación y no una adjudicación obligaba a la ciudad al pago de un anticipo de 8 millones de dólares. En este caso la queja por la herencia recibida no se da entre partidos distintos sino entre la Administración del Pro de Jorge Macri y la de su antecesor Horacio Rodríguez Larreta del mismo signo político.
No es la única rareza en este asunto ya que la decisión de estatizar el servicio por ser “carísimo” además de irregular el contrato heredado, derivó en una protesta de los recolectores de basura por la que la ciudad amaneció con bolsas de basura desperdigadas, contenedores rebalsados y algunas veredas intransitables por la suciedad. ¿Qué tendrán que ver peras con manzanas? ¿Por qué hay huelga de recolectores de basura si lo que se estatiza es el acarreo? Según Camioneros la medida se producía porque la estatización afectaría la estabilidad de más de unos 350 empleados que operan las grúas, pero parece que no todo lo que brilla es solidaridad de un gremio a otro o como dijo la ciudad, los aprietan con la basura porque es donde más les duele. Ahora se sabe que dos de las tres empresas a las que les fue preadjudicado el servicio de acarreo por la friolera de 10 años y 360 millones de dólares, tendrían alguna vinculación con los Moyano. Por lo pronto una de ellas, Transporte 9 de Julio a la que le dieron la zona oeste por 79.400 millones es una firma de recolección de residuos, no de acarreo, respaldada por Pablo Moyano, según informa el periodista Diego Cabot. Por lo menos cabe preguntarse por qué le dieron el acarreo a una firma de recolección de basura sin experiencia en el tema.
La otra cuestión es que al volver a manos del estado el servicio de recolección costará según el jefe de gobierno la mitad de lo que salía el contrato firmado por Larreta. La denuncia no sólo reabre la interna del PRO sino que es la primera revisión de un contrato de la administración anterior, luego de los cortocircuitos que ya habían existido entre el actual jefe de gobierno y su antecesor. ¿Habrá más revisiones de contratos y gastos de la administración Larreta? ¿Hasta dónde llegarán?
El gobierno de Jorge Macri que comenzó con muy bajo perfil pero también sin una gestión clara, parece haber salido de su letargo inicial a lo largo de este mes, tanto con el reclamo por la coparticipación adeudada por el gobierno nacional como con el avance sobre la administración anterior. Todo se da en medio de múltiples internas que incluyen la puja entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich sobre el vínculo de Pro con La Libertad Avanza, y ahora suman un flanco con Larreta. Aún están demasiado vivos los roces por la interna entre los candidatos a presidente que, entre otras cosas, los llevó a no entrar al ballotage.
Pero más allá de lo que implica este escándalo en el marco de la interna de PRO, surge de manera inquietante esta trama de acuerdos ni más ni menos que con los Moyano, con su consiguiente apriete mafioso mediante la paralización de la recolección de basura.
Para el diputado porteño de la Coalición Civica Facundo Del Gaiso, lo que el clan Moyano teme es quedarse sin el negocio de las gruas.
El acarreo siempre fue polémico y lejos de ser percibido como un incentivo a mejorar el comportamiento de los conductores en el caótico tránsito de la ciudad, la gente lo sufre como una práctica recaudatoria abusiva. Además de ser considerado durante mucho tiempo como una caja política.
En 2022 a la par que se lanzaba la licitación que se resolvió a las apuradas antes de dejar el gobierno, algo por lo menos sospechoso, la legislatura logró votar un límite para las detestadas gruas. No podrían llevarse más los autos por tener el horario de estacionamiento vencido sino sólo actuar en casos puntuales de obstrucción. Aquél proyecto fue de Roberto Garcia Moritan, hoy Ministro de Desarrollo Economico de Macri.
La realidad es que hasta 2022 cuando se abrió la licitación que hoy es polémica, las empresas operaban con contratos vencidos desde el año 2001, un verdadero escándalo. A eso se sumaban los abusos de todo tipo tanto por la forma como por el motivo de los acarreos.
Lo que pasa hoy con la sospecha sobre contratos direccionados a favor de los Moyano es sólo la punta del iceberg. Por lo pronto se debería repensar el sistema para que realmente mejore el tránsito porteño y no para que sea otra via de meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes.
Además, sería imperioso, ya no sólo en el marco de la ciudad, sino de toda la administración pública, que esté vedado firmar decisiones de última hora que pueden afectar a las administraciones entrantes. No sólo esta onerosa preadjudicacion es ejemplo de ello. Ese mismo 7 D era noticia que el ministerio de Salud que dirigía Carla Vizzotti había renovado automáticamente contratos que vencían a fin de ese año y que el saliente jefe de Gabinete Agustin Rossi, candidato a vicepresidente de Massa había pasado a planta permanente a casi 100 empleados. Todo a horas de irse del gobierno. De hecho, era el último día hábil y para muchos corría el feriado. Bendito 7 D.
Otro ejemplo escandaloso de decisiones de gobiernos de salida, es la prórroga del Régimen de Tierra del Fuego otorgada por Alberto Fernández un mes antes de irse del poder, en la que dejó comprometido al estado nacional hasta 2038, decisión por la que hoy los beneficiarios consideran un derecho adquirido lo que no es otra cosa que un régimen de privilegio. Encima, esa decisión se produjo en medio del calendario electoral en los meses de octubre y noviembre lo que debería también estar vedado como las inauguraciones o anuncios oficiales que puedan intervenir en las campañas, sobre todo considerando que muchos de los empresarios beneficiados también son donantes de campaña.
Como se ve, cajas de Pandora, en la Argentina sobran.
