La investigación que llevó a los allanamientos y detenciones de dirigentes piqueteros por extorsión a beneficiarios de planes deja al descubierto por primera vez una maquinaria de poder que manejó millones gracias a una materia prima excluyente: los pobres.
Lo que voy a leer pertenece al dictamen que apenas concentró 45 de las más de 900 denuncias de un total de 13 mil que pudieron ser analizadas de las que se recibieron en la línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La explotación de los pobres ocurría bajo la cobertura más perversa: ayudarlos.
Pero lo que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 11 a cargo del Doctor Gerardo Pollicita pudo comprobar en forma preliminar, es que al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —“cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería.
A su vez, se comprobó también que, para sostener la duración en el tiempo y garantizar el funcionamiento de esta actividad, se implementó un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” —al comienzo y al final—, la confección de “listas de castigados” —que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas—, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etc.—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos —por plazos determinados, según cada “incumplimiento”—, entre otros mecanismos.
Asimismo, se pudo acreditar la conformación de estructuras jerárquicas piramidales al interior de cada comedor, en cuyo estrato inferior se encuentran los integrantes de las “listas de espera” —personas de alta vulnerabilidad social que debían cumplir determinada cantidad de “movilizaciones” o un tiempo estipulado de asistencia a ellas para acceder al Plan Potenciar Trabajo—, a continuación se colocan los “beneficiarios comunes” —que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige su dinero y su asistencia a las “movilizaciones”—, en un escalón superior se hallan personas a las que se los anota como beneficiarios del doble de dicha prestación social, a cambio de exigirles —además del dinero y las “movilizaciones”— más tareas a determinar en cada caso —se los denomina “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”, según el caso—, más arriba se colocan los “delegados” —que perciben a veces el doble, triple o cuádruple de dinero, transmiten las exigencias coactivas al resto, cobran las “cuotas” y dirigen los mecanismos de control y sanciones— y, en el estrato superior, se encuentran los “referentes” —que dirigen la actuación de los delegados, ejecutan por sí mismos o por terceros la intimidación a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las “movilizaciones”—.
El camino desde la llamada anónima al terreno que eran los barrios populares donde vivían los mal llamados beneficiarios porque en realidad de acuerdo a este esquema serían víctimas de un sistema de explotación basado en su propia necesidad, requirió iniciar una pesquisa que comenzaba por el IP del llamado, certificar que coincidiera con la identidad del denunciante y comprobar lugares de residencia.
En este caso, y con la provisoriedad de una investigación en curso, se llegó a una instancia superior a los referentes de cada comedor de la Asociación Club Polo Obrero, que individualizó a Jeremias Cantero, mano derecha de Belliboni, como coordinador, que según el dictamen, tomaba decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas y a Elizabeth Palma que estaba encargada de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar.
En una conversación que mantienen ambos el 27 de marzo ella le manifiesta su preocupación de que los investiguen por lavado de dinero en las cooperativas que reciben las capitas, en este caso una llamada El Resplandor. Cantero, le propone pensar un plan para explicar a dónde va el dinero.
“¿Que hacen las organizaciones sociales con Plazos fijos?”, se pregunta uno de los principales investigadores del caso.
La hipótesis es que canalizaban los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose a la fecha el destino final de ese dinero.
Los acusados de esta causa son jefes de segundas líneas de tres organizaciones sociales: Polo Obrero, Barrios de Pie y Organizaciones en Lucha. Entre los audios hay menciones del piquetero Carlos Alderete y al MTE de Juan Grabois.
En el dictamen se da ejemplos de la aberrante operatoria de sojuzgamiento: por ejemplo, una de las imputadas —Patricia Iramain— publica la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón —mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”. Se aporta la captura de pantalla de Whatsapp donde aparecen las listas de los castigados o los premiados: “Buenas noches compañeros, Estos son los que no van a retirar comida de Nación porque tienen cero movilizaciones” o “Compañeros que tienen cero movilizaciones y pasarán a lista de espera”, es decir a quedarse momentáneamente sin plan, o “Compañeros que ingresan a comedor”.
Este ejemplo es uno de tantos que figuran en la causa. Si uno vuelve a pensar en cada una de las más de 10 mil manifestaciones que bloquearon el centro porteño, con presencia de niños, con control de asistencia, con acampe a veces de varios días, y sin que nadie las impidiera, tiene de fondo, este sistema, financiado por el propio estado, y con los principales jefes piqueteros atendiendo de los dos lados del mostrador, como funcionarios del Ministerio que otorgaba las ayudas, que parten del dinero del estado, es decir de todos los argentinos. Para muchos de los que asistían a las marchas, esa actividad era “trabajar”. ¿En qué trabajaban? En sustentar un sistema de poder paralelo al estado que tenía en los pobres, a verdaderos cautivos de la necesidad bajo una lógica perversa.
Pocas veces se lee tramos completos de un dictamen, sin resumirlos. La organización jerárquica que aseguraba el uso de los pobres para obtener dinero. Si esto se desprende sólo de 45 casos, ¿qué pasaría si la investigación se extendiera a todos? Es imposible que todo esto haya ocurrido sin la validación del poder. ¿Esta era la inclusión social del kirchnerismo?
Es curioso, la palabra “miserable”, define según la Real Academia Española, tanto al digno de desprecio, como al extremadamente pobre. Es miserable el canalla, ruin, abyecto, perverso, desgraciado y vil. Pero también es miserable, el pobre, indigente o necesitado. En esta historia preferimos usarla para los primeros. Absolutamente miserables.
