“Monstruoso”. “Esto es monstruoso”, responden altas fuentes judiciales sobre lo que va apareciendo en la investigación de los seguros.
Anoche por orden del Juez Federal Julián Ercolini allanaron las tres casas y las empresas de tres de los brokers vinculados.
Al llegar a la vivienda de Héctor Martínez Sosa él no estaba en su casa pero sí su esposa, mejor conocida como “la secretaria de Alberto Fernández”.
Una fuente del kirchnerismo recuerda un día que llegaba con el gobernador Kicillof al despacho del entonces presidente y ella se abalanzó sobre él para recordarle que tenía que llamar a su esposo.
Ella no era una mera secretaria. Con treinta años junto a Fernández, en el caso de los seguros, cumplía un rol determinante porque hacía “el entre”, los llamados y los arreglos para concretar las gestiones que llevaban directamente a su marido.
En todas las propiedades, los investigadores pusieron el foco en algo puntual: los dispositivos tecnológicos en los cuales procedían aún por estas horas a la extracción de información.
También se les secuestraron los celulares a los imputados y encontraron un par de agendas que serán cuidadosamente analizadas.
Los otros dos allanados son Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa y Alberto Pagliano otro personaje muy sugestivo que en sí mismo representa un enlace indiscutido con el ex presidente Alberto Fernández, porque lo acompaña desde que fue Superintendente de Seguros durante el gobierno de Menem y recientemente en su gobierno, estuvo a cargo ni más ni menos que de Nación Seguros, dueña precisamente de este próspero mercado cautivo.
Por ley, todo empleador debe contratar un seguro, sea público o privado, lo que no se entiende es que haga falta un bróker cuando la elección del seguro está predeterminada. Bueno, no se entiende en términos de necesidad de gestión. Sí se entiende como estructura facilitadora para la obtención del león del negocio en este caso: la comisión. La hipótesis indica que habrían manejado 20 mil millones de pesos por año con 300 millones en comisiones por mes a través de los seguros. Eso da, anualmente, más de 34 mil jubilaciones mínimas.
Es llamativo cómo hasta las notas que enviaban para materializar las gestiones estaban perfectamente seriadas, para que los solicitantes directamente las mandaran sin tener siquiera que pensar cómo redactarlas. Como se dice en el mercado: les creaban la necesidad y les daban servicios personalizados.
La justicia advierte: “esto no va a ser breve”, por la extensión de la telaraña de los seguros en todos los estamentos públicos.
¿Y el ex presidente Alberto Fernández? Es la cima de la pesquisa. Por ahora no es esperable un allanamiento básicamente porque ya existe algo que lo implica: el decreto en que el Poder Ejecutivo ordenó que todas las reparticiones públicas y dependencias de la administración contrataran a Nación Seguros. Sí, Alberto ordenó que todos los seguros del estado fueran a Nación Seguros presidida por un amigo de él y en un gran número de casos con la intermediación del marido de su secretaria que a su vez hacía el entre. “Si llama la secretaria de un presidente para que contrates un seguro, ¿qué pensas? ¿Que se corta sola? ¿Que no tiene el visto bueno del presidente?”, remarca alguien para quien era habitual que María se encargara de estas gestiones. Sin dudas el escándalo sorprende también por lo evidente. Le habían dado “ropaje jurídico a una ilegalidad”, analiza un abogado que entiende de estas operaciones.
Ayer el gobierno nacional denunció a las anteriores autoridades de la ANSES, con foco en Federico Dángelo Campos ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, por el presunto perjuicio al estado en las comisiones e intermediación en los créditos Anses.
Los créditos Anses son los créditos a los jubilados. Es hasta cruel contar cuál era la oportunidad de negocio. Lo hizo el propio Osvaldo Giordano quien destapó esta olla en su fugaz paso por la caja jubilatoria. “Siempre está la posibilidad de que el jubilado fallezca y ese crédito no se pueda cobrar, y ante eso hay dos alternativas: cobrarles a todos los tomadores de créditos un pequeño porcentaje, hacer un fondo y cubrir las pérdidas, o contratar un seguro de manera directa como se hizo luego del decreto de Alberto Fernández”. La oportunidad de negocio era la avanzada edad de los beneficiarios de los créditos. Es decir, los adalides del estado presente le daban créditos a los abuelos y los usaban para hacer dinero al cubrirse del riesgo de incobrabilidad que representaban por su edad.
No eran buenos eran vivos por no decir calificaciones que no están en el código penal.
Por ahora están investigados por administración fraudulenta. Falta que el juzgado reciba información de Jefatura de Gabinete y Secretaria Legal y Técnica de la presidencia con todos los antecedentes y dictámenes.
Según Giordano cambiando la operatoria bajaban los costos en un 40%. ¿Cuánto se llevaron los brokers? Eso buscará determinar la justicia para luego seguir la ruta del dinero.
¿Estamos en las puertas de otra asociación ilícita encabezada por un presidente? Aún es temprano para dar esa respuesta, pero una vez más la línea jerárquica, como en la Causa Vialidad, llega a lo más alto del poder.
