Pasadas las 9 de la mañana el propio presidente posteó en su cuenta de Instagram uno de los carteles que inundan las estaciones de trenes y puntos estratégicos. El que corta no cobra, advierte. Y agrega: Si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134.
Hasta esta mañana se habían recibido más de 7000 llamados, lo que equivale a una quinta parte de la gente que, de acuerdo a las organizaciones, se esperaba en la marcha.
Entre las denuncias recibidas, según fuentes oficiales, se destacan tres: los amenazan con multas si no marchan, es decir con sacarles dinero del plan, además del que ya le quitan todos los meses por la intermediación; les piden que lleven chicos a la marcha, lo que hace pensar que buscan escudarse con menores; y lo más cruel de todo es que los amenazan con no dejarlos entrar a los comedores desde mañana si no van a la manifestación. Muchos de los denunciantes dejan el nombre del puntero que los amenazó y que en muchos casos les dice que van a perder totalmente el plan social. El gobierno ya anticipó que presentará una denuncia en la justicia que de cuenta de los casos recibidos.
Lo que está en discusión no es el derecho a la protesta sino la metodología extorsiva cuando se obstruye el libre tránsito que también es un derecho. El sistema extorsivo tiene tres vías: extorsionan al gobierno desde la gerencia de los pobres, extorsionan a los pobres a quienes les condicionan el plan a la presencia en las protestas, y extorsionan a la sociedad toda que se ve desalojada del espacio público. Es un sistema perverso y es un sistema de poder. No tiene que ver con la crisis, tiene que ver con el poder. La pobreza es el negocio, los pobres su materia prima, la extorsión el método. Y todo esto lo paga el estado, es decir, todos los contribuyentes.
A los líderes piqueteros que desde hace años usufructúan con estos métodos, no los votó nadie. Pero el kirchnerismo los convirtió en los mariscales de la calle para controlar ese espacio que generalmente son las calles porteñas donde funcionan los organismos nacionales. La izquierda con sus más de treinta organizaciones sociales es la vertiente más radicalizada y la que marcha este 20 de diciembre en lo que será la primera prueba del protocolo anti piquete y de la decisión del gobierno de Javier Milei de poner orden y de terminar con la intermediación de los planes.
Por un lado, está el choque de derechos. Ningún derecho puede neutralizar el otro, dijo el presidente de la Corte Horacio Rossatti. En estas horas la justicia rechazó un Habeas Corpus presentado por Néstor Pitrola, Adolfo Perez Esquivel y el Cels. Desde hace dos décadas el derecho a la libre circulación está prácticamente suspendido y anulado por las protestas que cortan el tránsito a veces por varios días seguidos. La ley del desorden ganó las calles apañada por el propio poder de turno. Recuperar el control de la calle por parte de las autoridades y cumplir con la ley, debe desandar años de prepotencia sustentados por los fondos de millones de planes que hoy están bajo cuestionamiento. En esta jornada no marchan los movimientos sociales cercanos al peronismo. Pero comienza una pulseada que todos estarán observando.
Sólo los planes Potenciar Trabajo fueron duplicados por Alberto Fernandez y alcanzan un millón doscientos mil beneficiarios. En unos cien mil la justicia había registrado irregularidades, pero el nuevo gobierno anticipa una nueva auditoría.
La sociedad no es la misma que apoyaba aquéllos primeros piquetes de desocupados en Tartagal o Cutral có. Ahora, ante un record de cortes y protestas que llegaron a casi 10 mil por año, la mayoría de la gente pide que la ley se cumpla y los propios beneficiarios de planes empiezan a denunciar la extorsión. Pero desmontar un sistema que se convirtió en una verdadera metodología con fuerzas de seguridad que hasta hace muy pocos días recibían la orden de no actuar, no será sencillo.
La primera prueba ocurre en el aniversario de una fecha que representa una especie de síndrome post traumático: el recuerdo del caos y la represión durante la caída del gobierno de Fernando De La Rua. Con esa carga psicológica la protesta adquiere un pesado simbolismo. Aunque el horario sea durante la tarde, todo el día estarán midiendo fuerzas y analizando estrategias, de un lado, los organizadores y del otro, el comando unificado bajo las órdenes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Las órdenes que partieron de esa cartera son cuatro: no interrumpir el tránsito, no llevar el rostro cubierto, no usar palos u objetos contundentes y no llevar niños a las manifestaciones. Los que sean identificados haciendo esto perderán el plan social. La instrucción del presidente es que hoy mismo se sepa cuántos se quedaron sin la ayuda social por cruzar la línea que divide la protesta del delito.
Pero no es a Milei a quien afectan cuando impiden el paso: es a los miles de personas que con su trabajo y sus impuestos hacen posible financiar los planes. Incumplir la ley no es un derecho.
