El derecho a la libre circulación fue prácticamente suspendido durante los años de poder kirchnerista. Antes se debatía con normalidad sobre el choque de los derechos de protestar frente los derechos de circular. Con el discurso de no criminalizar la protesta, ya desde tiempos de Néstor Kirchner, obsesionado por el control de la calle, se convirtió a los movimientos sociales financiados por el estado, en los dueños de la calle. Al principio fueron las órdenes de no actuar a la policía que debutaron en el feroz ataque a la Legislatura porteña cuando se trataba el código de contravención. Los movimientos sociales no sólo fueron haciéndose poderosos por el control de los planes sino también por importantes posiciones dentro del gobierno. Luis D’Elia, Emilio Pérsico o Fernando el Chino Navarro llegaron a tener cargos y mucho poder. La paradoja máxima fue que al mismo tiempo que protestaban en la calle podían detentar oficinas en el Ministerio frente al cual se realizaban los piquetes.
El control de la protesta social y el gerenciamiento de la pobreza iban en el mismo combo. El sistema no pudo ser desarmado por el gobierno de Macri. El ex presidente reconoce como un error haber incrementado los planes sociales en función de un acuerdo de paz social que más pronto que tarde los piqueteros incumplieron. Con la llegada de Alberto Fernandez, sumaron más poder aún, siendo por momentos el único sector que apoyaba a un presidente débil, en función del millonario presupuesto que les aseguraba.
El año pasado con un récord de protestas en las calles, la situación fue insufrible especialmente para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. No sólo porque como nunca llegaron a hacer acampes de tres días en la Avenida 9 de Julio, sino por los destrozos permanentes de infraestructura y las pérdidas irrecuperables para los comerciantes de las zonas afectadas. Las autoridades porteñas justificaban la inacción explicando que no podía evitarse el avance de protestas multitudinarias y que preferían evitar un mal mayor. En los hechos fue una política de dejar hacer y una retirada de la autoridad de uno de sus roles principales que es hacer cumplir la ley. Si alguien que paga impuestos en la capital estaciona indebidamente, la grua no tarda en llevarse el vehículo. Si cortan toda una avenida, hasta ahora no tenían costos.
Cuando durante tanto tiempo la ley deja de regir, se impone el uso y costumbre. Y lamentablemente, el uso y costumbre fue la suspensión del derecho a la libre circulación en favor de protestas sin límites. Los piqueteros ganaban por goleada.
El año que se va llegamos a ver niños pasando frío o un calor abrazador en sendos acampes en la 9 de Julio. Y las filas para tomar lista de presencia se hicieron habituales postales. Muchas veces los manifestantes no sabían ni por qué marchaban, pero sí tenían claro que podían perder el plan si no lo hacían. La extorsión de los gerentes de la pobreza no sólo es con la sociedad que soporta la obstrucción de calles sino con la propia gente a la que obligan a salir a protestar mientras reconocen que se quedan con un porcentaje de sus planes.
El protocolo que acaba de presentar la ministra de Seguridad Patricia Bullrich busca terminar con esta inercia, pero también se produce en la antesala de las primeras protestas al nuevo gobierno.
Los partidos de izquierda no tardaron en calificar las medidas de inconstitucionales y las llamaron un plan de guerra. El constitucionalista Felix Lonigro afirma lo contrario. Dice que sólo se está poniendo a funcionar lo que contempla nuestro esquema institucional y remarca que cortar la calle es delito. Algo tan simple como eso, estaba absolutamente naturalizado.
Para una sociedad harta del desorden y desalojada del espacio público por los delitos y por las protestas sin límites, las medidas responden a largos reclamos desatendidos. Para un gobierno que aplica un plan de ajuste que sin duda será resistido por algunos sectores, significa devolver a las calles la presencia de la autoridad y su rol de garantizar el cumplimiento de la ley.
En los hechos, ninguna sociedad puede tener una convivencia sana si algún derecho se suspende en detrimento de otro. Ir a trabajar, al colegio o a un hospital no puede estar supeditado a la extorsión de un sector por más legítimo que sea su reclamo.
No se trata de bala, se trata de ley. Que cumplir la ley sea visto como una afrenta habla de la gran confusión en que se ha transformado la Argentina bajo el poder K.
